Bien común, justicia y autoridad

Siguiendo a Aristóteles, Tomás afirma que el hombre es por naturaleza un animal social y político. Nadie se basta solo para vivir bien, y el lenguaje muestra que estamos hechos para comunicarnos. Toda multitud necesita además un principio que la dirija al bien común; un gobierno es justo cuando busca el bien común y tiránico cuando busca el bien privado del gobernante (Sobre el reino, I, c.1).

Tomás sostiene algo que lo distingue de una corriente agustiniana: la autoridad política es natural, no solo una consecuencia del pecado. Incluso en el estado de inocencia unos habrían gobernado a otros, como hombres libres, para dirigirlos al bien común (ST I, q.96, a.4). La política no es solo un remedio contra el mal: es parte de la vida humana plena.

La justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho (ST II-II, q.58, a.1). Su objeto es el derecho (ius), lo justo mismo (ST II-II, q.57, a.1). Tomás distingue la justicia conmutativa, que rige los intercambios entre personas según una igualdad aritmética, de la distributiva, que reparte los bienes comunes proporcionalmente (ST II-II, q.61, a.1).

Sobre la propiedad, Tomás distingue dos aspectos (ST II-II, q.66, a.2). En cuanto a la facultad de procurar y administrar los bienes, la propiedad privada es lícita y necesaria: cada uno cuida más lo propio, hay más orden y más paz. Pero en cuanto al uso, los bienes deben tenerse como comunes, dispuestos a compartirlos con los necesitados. Por eso, en caso de necesidad urgente y evidente, tomar lo ajeno para sobrevivir no es propiamente robo (ST II-II, q.66, a.7).

Tomás formula también los criterios clásicos de la guerra justa: autoridad legítima, causa justa y recta intención (ST II-II, q.40, a.1). Sobre el régimen político, en la I-II elogia un gobierno mixto que combine monarquía, aristocracia y democracia. Frente al tirano, desaconseja la acción privada y remite a la autoridad pública.

Leer a Tomás con honestidad incluye reconocer lo que pertenece a su época. Por ejemplo, sostuvo que no se debe obligar a creer a quienes nunca recibieron la fe, pero aceptó la coacción sobre los herejes (ST II-II, q.10, a.8), una posición que la tradición posterior revisó.